Por: Cayo Soto, PhD(c), Ingeniero de minas.

Introducción

La minería constituye una actividad económico-extractiva cuya interacción con el territorio trasciende la ocupación física de áreas destinadas a la exploración, explotación y procesamiento de minerales. Su desarrollo implica la utilización de recursos naturales, la construcción de infraestructura y la incorporación de actividades extractivas que pueden modificar las condiciones económicas, sociales y ambientales del entorno.

Estas transformaciones se producen en territorios donde habitan poblaciones, se desarrollan actividades económicas preexistentes, formas de organización social y estructuras institucionales que responden a distintas necesidades, intereses y expectativas.

En este escenario, las decisiones técnicas, operativas y estratégicas de los proyectos mineros adquieren una dimensión territorial que requiere ser comprendida desde una perspectiva integral del negocio minero y de la forma de vida de los pueblos. El territorio no constituye únicamente el espacio donde se localizan los recursos minerales, sino también un ámbito de interacción entre actores que poseen diferentes formas de valorar los recursos, ejercer sus derechos y proyectar su desarrollo.

Por consiguiente, las relaciones entre empresas mineras, comunidades y Estado no pueden analizarse exclusivamente desde las necesidades operativas del proyecto ni desde las demandas inmediatas de las poblaciones.

En este contexto, comprender las dinámicas territoriales representa una condición fundamental para avanzar hacia una gobernanza social que contribuya a fortalecer la sostenibilidad de los proyectos mineros. Ello exige superar una visión centrada exclusivamente en el relacionamiento comunitario y reconocer la diversidad de actores, intereses, responsabilidades y competencias que intervienen en las decisiones vinculadas con la actividad minera y el desarrollo territorial.

Surge entonces una interrogante fundamental: ¿cómo integrar la comprensión de las dinámicas territoriales en la gobernanza social para fortalecer la sostenibilidad de los proyectos mineros?

Gobernanza social y comprensión del territorio

La gobernanza social minera puede entenderse como un enfoque estratégico y multiactor mediante el cual se articulan decisiones, responsabilidades y mecanismos de interacción entre empresas, comunidades, Estado y otros actores vinculados con la actividad minera.

Desde la perspectiva empresarial, este enfoque debe ser impulsado por la alta dirección e integrado en la planificación, las decisiones técnicas y la conducción estratégica del negocio, trascendiendo las funciones tradicionales de las relaciones comunitarias.

Esta orientación es consistente con los principios del International Council on Mining and Metals (ICMM, 2022), que establecen responsabilidades sobre el desempeño en sostenibilidad a nivel del directorio o comité ejecutivo y promueven su incorporación en las decisiones empresariales.

Por su parte, el territorio no debe comprenderse únicamente como una delimitación geográfica o administrativa, sino como un espacio socialmente construido, donde convergen recursos naturales, actividades productivas, instituciones, derechos, identidades culturales y relaciones de poder.

En este contexto, comprender el territorio exige reconocer la coexistencia de diferentes formas de ocupación, aprovechamiento y valoración de los recursos, así como las relaciones entre los espacios de intervención minera y las dinámicas sociales que trascienden sus límites físicos.

Desde una perspectiva territorial, Lesser et al. (2023) examinan la importancia de las distintas escalas geográficas y sociales en la configuración de la licencia social para operar, lo que permite reconocer que las relaciones de la minería con su entorno no se circunscriben necesariamente a las comunidades más próximas.

Esta comprensión permite advertir que una misma intervención minera puede representar oportunidades económicas para determinados actores y, simultáneamente, generar preocupaciones sobre el agua, los medios de vida, el ambiente o las transformaciones socioculturales para otros.

Por consiguiente, la gobernanza social requiere reconocer estas distintas racionalidades y considerar cómo las decisiones empresariales interactúan con los intereses, derechos y expectativas territoriales, sin desconocer las competencias del Estado ni la autonomía de las comunidades.

En esa dirección, Saenz (2023), a partir del análisis de empresas mineras peruanas, identifica cuatro estrategias de relaciones comunitarias vinculadas con la gestión del desarrollo comunitario y de los impactos sociales y ambientales: valor compartido, compensación, orientación empresarial y cumplimiento. Los resultados evidencian la importancia de integrar ambas dimensiones en las estrategias empresariales, lo que contribuye a comprender por qué el relacionamiento comunitario debe articularse con una perspectiva más amplia de gobernanza social y territorial.

Del relacionamiento comunitario a la gobernanza territorial

Tradicionalmente, el relacionamiento comunitario en la actividad minera ha comprendido mecanismos de comunicación, atención de demandas, inversión social y gestión de las relaciones entre empresas y poblaciones de su entorno. Si bien estas funciones continúan siendo relevantes, la creciente complejidad de las dinámicas sociales y territoriales exige ampliar su alcance hacia una gestión del desempeño social que incorpore la identificación de impactos, la participación de los actores y el seguimiento de los compromisos asumidos.

Esta evolución plantea un cambio de perspectiva: pasar de gestionar principalmente las relaciones entre la empresa y las comunidades a incorporar las consideraciones sociales en las decisiones estratégicas, técnicas y operativas del negocio minero. Es precisamente en este ámbito donde adquiere relevancia la gobernanza social, al promover una articulación interna de responsabilidades empresariales y una interacción más amplia con los actores del territorio.

Sin embargo, las dinámicas territoriales trascienden las relaciones bilaterales entre empresas y comunidades. En un mismo territorio intervienen instituciones públicas, organizaciones comunales, gobiernos subnacionales y otros actores con diferentes intereses, derechos y competencias.

Por ello, la gobernanza territorial amplía el ámbito de articulación hacia las decisiones y relaciones entre estos actores, sin sustituir las responsabilidades del Estado ni desconocer la autonomía de las comunidades.

En este marco, Stuart et al. (2023) destacan que la legitimidad y la confianza constituyen elementos centrales en la construcción de la licencia social para operar. Asimismo, Okada (2024), mediante un experimento realizado en cuatro regiones del Perú, encuentra que escuchar y respetar las opiniones locales influye favorablemente en la aceptación de proyectos mineros hipotéticos. Ambas investigaciones permiten reconocer la importancia de las percepciones y de los procedimientos participativos en las relaciones entre minería y sociedad.

En consecuencia, el tránsito hacia una gobernanza territorial no significa abandonar el relacionamiento comunitario, sino articularlo con una perspectiva estratégica y multiactor, donde las decisiones empresariales consideren las dinámicas del territorio y se desarrollen mecanismos de coordinación y participación acordes con las responsabilidades de cada actor.

Figura 1. Evolución hacia la gobernanza territorial.

Implicaciones en la sostenibilidad de los proyectos mineros

Desde la ingeniería de minas, comprender el territorio implica reconocer que las decisiones relacionadas con infraestructura, acceso al agua, transporte, empleo, operaciones y cierre pueden producir efectos que trascienden los objetivos estrictamente técnicos. Esto exige una comprensión integral de la cadena de valor del negocio minero, considerando las implicaciones sociales y territoriales de las decisiones adoptadas en sus diferentes procesos y actividades.

Por ello, la gobernanza social debería incorporarse progresivamente en las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto minero, mediante una articulación entre las áreas técnicas, la alta dirección y los actores territoriales, respetando sus respectivas competencias.

En este marco, el diagnóstico socioterritorial adquiere importancia como instrumento para identificar actores, intereses, actividades económicas, condiciones institucionales y posibles implicaciones sociales de las decisiones mineras. No se trata únicamente de identificar demandas comunitarias, sino de comprender las distintas racionalidades que orientan las posiciones y expectativas de los involucrados.

Desde esta perspectiva, la sostenibilidad adquiere dimensiones complementarias. Para la empresa minera, representa una condición que contribuye a la continuidad y viabilidad de los proyectos y operaciones. Para las poblaciones del territorio, implica preservar sus medios de vida, recursos y oportunidades de desarrollo, procurando condiciones de bienestar para las generaciones presentes y futuras, incluso más allá del cierre de la actividad minera.

Esta aproximación permite avanzar desde una gestión predominantemente reactiva hacia una perspectiva de anticipación, coordinación y construcción de relaciones sostenibles y de largo plazo.

Conclusiones

1.    La gobernanza social y el territorio constituyen dimensiones estrechamente vinculadas con la sostenibilidad minera. Comprender esta relación exige reconocer que la viabilidad de los proyectos no depende exclusivamente de las condiciones geológicas, técnicas o económicas, sino también de cómo las decisiones interactúan con las realidades territoriales y las expectativas de los actores.

2.    La gobernanza social propone integrar esta comprensión en la conducción estratégica de la actividad minera, mientras que la gobernanza territorial enfatiza la articulación entre actores, instituciones y responsabilidades dentro de un espacio compartido. Ambas perspectivas permiten ampliar el alcance del relacionamiento comunitario hacia una visión integral que considere tanto la continuidad de los proyectos y operaciones mineras como las condiciones de bienestar y desarrollo de las poblaciones, incluso más allá del cierre de la actividad extractiva.

3.    Desde esta perspectiva, el desafío no consiste solamente en gestionar las relaciones con las comunidades, sino en comprender cómo las decisiones mineras participan en la transformación del territorio y cómo sus actores intervienen en dicha transformación. Esta comprensión constituye una base para fortalecer la legitimidad, la confianza y la construcción de relaciones sostenibles entre empresas, comunidades y Estado.

4.    En este contexto, surge una interrogante que invita a profundizar el análisis: ¿en qué medida las actuales prácticas de relacionamiento comunitario permiten evaluar el desempeño social de las empresas mineras y responder a los desafíos de una gobernanza cada vez más compleja?

Bibliografía

International Council on Mining and Metals. 2022. Mining principles: Performance expectations. Consultar principios.

Lesser, P., Poelzer, G., Gugerell, K., Tost, M., & Franks, D. 2023. Exploring scale in social licence to operate: European perspectives. Journal of Cleaner Production, 384, Article 135552. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135552

Okada, I. 2024. What procedures matter to social acceptance of mining? A conjoint experiment in Peru. World Development, 183, Article 106724. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106724

Saenz, C. 2023. Enhancing community development management and the management of social and environmental impacts to get social license to operate in the mining industry: A Peruvian case study. Business Strategy & Development, 6(4), 873–884. https://doi.org/10.1002/bsd2.284

Stuart, A., Bond, A., Franco, A. M. A., Baker, J., Gerrard, C., Danino, V., & Jones, K. (2023). Conceptualising social licence to operate. Resources Policy, 85, Article 103962. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103962